Narrativas
Moisés Uribe
Baja California está en busca de un Fiscal General. Uno de verdad.
Son muchos los requisitos que se exigen, pero resaltan la preparación, la trayectoria y la intachable conducta.
Lo que bien puede traducirse en amplia experiencia, sin pasado oscuro pero sobre todo que no sea compadre.
Abogado de profesión sin duda, conocedor de la teoría del delito, que vele por los intereses de la población en materia de investigación y de justicia y no por los que le influyan los amigos y menos el gobernante en turno.
Con doble visión: al exterior con la sociedad y al interior con el equipo de trabajo. Sin excusas con el pasado y con amplia voluntad por el presente.
Sin recato a la transparencia y sin reservas a la rendición de cuentas.
Debe ser escrupulosamente seleccionado, para que tenga la posibilidad de permanecer en el cargo el tiempo que marca la ley, y no tenga que ser debilitado y menos desechado ante la falta de resultados antes de tiempo.
No parece una empresa fácil, pues cada requisito debiera ser indispensable, además de muchos otros que lo deben acompañar, por supuesto, se incluye un equipo sólido que sepa integrar.
Hasta el momento no se escucha algún nombre predominante para el cargo, aunque seguramente la gobernadora ya debe traer su terna, por eso la enorme responsabilidad que recae en sus propuestas, aunque sea el Congreso quien avale finalmente.
De ahí que Marina del Pilar Ávila debe tejer fino al elegir a sus perfiles, debe ser una selección quirúrgica, no hay tiempo ni espacio para el error, los ciudadanos ya están hasta el tope de disculpas. Al momento de pedir la salida del compadre incómodo es porque su propuesta debe acallar las múltiples voces inconformes y elevar el nivel de resultados.
Hoy por hoy, los nombres que se han mencionado para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado son:
Edgardo Flores Campbell, abogado por la UABC, con una maestría y una amplia trayectoria en diversas áreas relacionadas con la seguridad, además de una preparación académica sólida, aunque con diversos señalamientos en su actuar.
Fue titular de asuntos internos de la policía federal durante el sexenio de Peña Nieto, aunque se le vincula como amigo cercano de Felipe Calderón. Posee una lujosa mansión valuada en 30 millones de pesos en Bosques de las Lomas en la Ciudad de México.
Daniel de la Rosa Anaya, abogado por la UABC, muy conocido en Baja California, fue secretario de seguridad pública durante 10 años, además de haber ocupados otros cargos importantes dentro de la anterior Procuraduria General de Justicia del Estado. Actualmente es Procurador General de Justicia de Baja California Sur. Su bajo perfil le permitió transitar en los momentos más difíciles de la seguridad en la entidad.
Igual se menciona a Romel Moreno Manjarrez, también es abogado egresado de la UABC, con cursos de preparación y una amplia experiencia en la función pública dentro de la Procuraduría General de la República. Fue Procurador de Justicia en la entidad. Con resultados aceptables pero sin destrabar eficazmente el sistema de justicia alternativa, lo cual fue su talón de Aquiles.
Y por último, algunas voces han subido a las posibles propuestas el nombre del también abogado Alberto Capellán Ibarra, quien ya fue secretario de seguridad pública en Tijuana, además de haber sido titular de seguridad pública en los estados de Morelos y Quintana Roo.
Capella Ibarra también fue presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en la entidad. En 2008, en plena ola de violencia en Tijuana, fue removido del cargo por el alcalde panista Jorge Ramos, luego de que un fin de semana se registraran casi 40 asesinatos.
A esta lista faltaría sumar otras propuestas que pudiera traer bajo la manga la titular del Poder Ejecutivo de Baja California, una gran decisión y responsabilidad que se suma a la de la puesta en marcha de la recién aprobada Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Sin embargo, una vez aceptado el nuevo fiscal y echada a andar la SSPC, los resultados tendrían que verse reflejados en el corto plazo, de lo contrario, el tema de la seguridad y la justicia podrían ser las decisiones incómodas que marquen negativamente la administración de Marina del Pilar.
